El ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, dispuso este martes el pase a retiro activo obligatorio de siete comisarios generales que integraban la cúpula de la Policía bonaerense y estaban a cargo de Superintendencias de Seguridad, Seguridad Vial y Suministro. Aún no informaron quiénes serán los reemplazantes.
Según informaron desde este organismo, se trata del comisario generalMiguel Ángel Maccario, a cargo de la Superintendencia de Seguridad de San Martín -Tres de Febrero; el comisario general Oscar Eduardo Terminiello, superintendente de Seguridad Interior Centro; el comisario general Gabriel Alejandro Lamónico, superintendente de Seguridad Interior Sur; y el comisario general Miguel Ángel Alanís, superintendente de Seguridad Oeste.
Asimismo, la lista de retiros se completa con el comisario general Claudio Marcelo Blanco, a cargo de la Superintendencia de Seguridad; el comisario general Claudio Alejandro López, director provincial de Suministro; y el comisario general Rubén Alberto Lobos, responsable de la Superintendencia de Seguridad Vial.
El anuncio se realiza a poco más de 24 horas de la captura de los últimos dos fugados del penal de General Alvear. Por ende, se desprende que esta es una de las decisiones políticas que se toman a raíz de lo que fue toda esa novela, que duró 15 días y dejó en ridículo a más de un funcionario, producto de la connivencia entre parte de las fuerzas de seguridad y los delincuentes vinculados al narcotráfico.
Los hermanos Martín y Cristian Lanatta, junto a Víctor Schilacci, finalmente fueron capturados en la provincia de Santa Fé, tras haber protagonizado un raid violento en varios puntos del territorio bonaerense, escapando siempre de la policía que dirige Ritondo.
Fueron días muy calientes en el ministerio de Seguridad -no sólo por el escándalo que significó la fuga de los condenados por el triple crimen de General Rodríguez, y el intenso operativo que comenzó en la la provincia de Buenos Aires y continuó por Santa Fe, con ayuda de fuerzas federales-, sino también porque, al igual que sucede en los demás ministerios del gobierno deMaría Eugenia Vidal, Ritondo no tiene todavía la estructura armada, generando por momentos un clima de incertidumbre interno.
Los 2 millones de pesos de la recompensa ¿a dónde van?
Por otra parte, también desde el ministerio de Seguridad difundieron que Ritondo solicitó a la justicia bonaerense, a la justicia Federal y a la Provincia de Santa Fe, que informen si identificaron testigos que hayan aportado información fehaciente para la recaptura de los prófugos.
Es que lo que el ministro quiere saber es si debe pagar los 2 millones de pesos de recompensa prometidos para tal propósito.
El funcionario envió sendas cartas a la ministra de Seguridad de la Nación,Patricia Bullrich; al fiscal de la ciudad de Azul, Cristian Citterio; al ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; al fiscal de Brandsen, Mariano Sibuet; y al juez Federal, Sergio Torres, para que le informen si en el marco de sus respectivas investigaciones para dar con el paradero de los prófugos identificaron testigos que hayan aportado datos para la recaptura.
El objetivo del requerimiento de la cartera de Seguridad bonaerense es determinar “si corresponde hacer efectivo el pago de monto alguno, en concepto de recompensa pública que oportunamente fuera ofrecida mediante la Resolución Nº 12 del 27 de diciembre de 2015”.
Fuente: Agencia Nova
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